El acuerdo alcanzado en junio de 2026 entre Estados Unidos e Irán no es un instrumento de paz, sino un mecanismo de control temporal sobre los flujos energéticos globales. Sus cláusulas —activos congelados liberados bajo tutela, sanciones suspendidas pero reversibles, peajes encubiertos en el Estrecho de Ormuz— reproducen las mismas relaciones de dominio que pretenden gestionar. Ninguna de sus partes cuestiona la premisa de fondo: que el crecimiento económico requiere volúmenes crecientes de energía fósil. Desde los límites planetarios, un acuerdo que no reduce la extracción no resuelve nada; simplemente desplaza la crisis en el tiempo.

Mientras los grandes medios internacionales celebran un supuesto “acuerdo histórico” de 14 puntos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, la realidad es mucho más compleja y está plagada de trampas. El documento que se ha filtrado en las últimas horas, un Memorándum de Entendimiento (MoU) de 60 días de tregua, contiene una serie de mecanismos de verificación, pagos condicionados y cláusulas de reversibilidad que convierten este supuesto alto el fuego en un ejercicio constante de desconfianza institucionalizada.

El principio que rige todo el texto es claro: action-for-action. Ninguna de las dos partes está dispuesta a dar un paso irreversible sin tener garantías de que la otra parte también lo hará. Este principio, aunque parece razonable sobre el papel, convierte el acuerdo en un edificio extremadamente frágil que puede derrumbarse en cuestión de días.

Los activos congelados

Tutela disfrazada de restitución

El primer elemento relevante es el tratamiento de los activos iraníes congelados, cifrados en torno a 25.000 millones de dólares. Lejos de representar una restitución de recursos propios, el mecanismo de escrow diseñado los convierte en flujos condicionados y reversibles: los fondos solo se liberan por tramos, a través de cuentas supervisadas por terceros, y únicamente pueden destinarse a usos previamente autorizados. Esta estructura reproduce lógicas ya ensayadas en acuerdos anteriores con países exportadores de energía, donde el control del uso de los recursos se transfiere parcialmente a instancias externas.

Desde el punto de vista de la justicia distributiva, lo que aparece como alivio económico es, en realidad, una forma de tutela sobre la capacidad de un Estado de definir sus prioridades de desarrollo. Irán no recupera soberanía sobre sus activos; los recibe bajo vigilancia y con destino restringido.

Los 300.000 millones

Cuando la reparación se convierte en inversión condicionada

Aún más ilustrativo es el tratamiento de la demanda iraní de un paquete de 300.000 millones de dólares, presentado internamente como compensación por daños. La imposibilidad política de que Estados Unidos reconozca explícitamente esta reclamación ha obligado a reformularla como un fondo de inversión privado procedente de países del Golfo y corporaciones energéticas. Este desplazamiento semántico no es menor: transforma una eventual reparación en un instrumento de financiación condicionado al desmantelamiento nuclear.

La operación revela hasta qué punto el lenguaje de la "inversión" sirve para ocultar relaciones de dominio. En un contexto de decrecimiento, donde el acceso a energía barata ya no puede considerarse ilimitado, estos fondos ofrecidos a Irán no son una compensación real por los daños sufridos: son simplemente petróleo y gas convertidos en dinero, redistribuidos bajo condiciones impuestas por otros. La justicia no se mide solo por la cantidad transferida, sino por quién decide cómo se usa ese dinero y quién pagará, tarde o temprano, los costes ambientales de haberlo extraído.

El Estrecho de Ormuz

Retórica y control territorial

El control del Estrecho de Ormuz plantea una cuestión análoga. La distinción entre peaje y tasas por servicios marítimos no es un simple ejercicio retórico: permite a Irán mantener ingresos por el tránsito sin que Estados Unidos tenga que admitir públicamente la persistencia de un control territorial sobre una vía estratégica. Estos acuerdos tácitos son característicos de un sistema internacional que sigue dependiendo de la extracción y el transporte de combustibles fósiles para sostener niveles de consumo incompatibles con los presupuestos de carbono restantes.

Desde la óptica de los límites planetarios, la reapertura del estrecho no resuelve el problema de fondo: prolonga el flujo de petróleo y gas natural en un momento en que la reducción absoluta de estos consumos debería constituir el objetivo prioritario. La estabilidad del acuerdo depende, en última instancia, de que ninguna de las partes cuestione la premisa compartida de que el crecimiento económico sigue requiriendo volúmenes crecientes de energía primaria fósil.

Las sanciones suspendidas y la vulnerabilidad estructural

La suspensión temporal de sanciones —en lugar de su eliminación— introduce un elemento adicional de precariedad. El mecanismo de snapback permite reactivar las restricciones de forma casi automática ante cualquier incumplimiento verificado por la OIEA. Esta reversibilidad no es un defecto técnico, sino una característica estructural de los acuerdos que se firman cuando las partes no comparten una visión de orden mundial estable a largo plazo. En términos de justicia intergeneracional, la provisionalidad del levantamiento de sanciones mantiene a Irán en una posición de vulnerabilidad permanente, mientras que las potencias que controlan los sistemas financieros internacionales conservan la capacidad de imponer costes económicos sin asumir los impactos ambientales de la extracción continuada.

La posición de Israel

La posición de Israel añade una dimensión geopolítica que trasciende el bilateralismo del memorándum. La negativa israelí a reconocer cualquier obligación derivada del texto y el mantenimiento de fuerzas en el sur del Líbano indican que el acuerdo no ha modificado las percepciones de amenaza regional. En un escenario de decrecimiento, donde la competencia por recursos cada vez más escasos tiende a agudizarse, la ausencia de un marco inclusivo que integre a todos los actores relevantes aumenta la probabilidad de que cualquier incidente haga colapsar el entendimiento. La fragilidad no reside únicamente en las cláusulas técnicas, sino en la exclusión deliberada de una parte significativa de las tensiones subyacentes.

Desde la perspectiva del decrecimiento, cualquier acuerdo que no cuestione la dependencia estructural del sistema económico respecto a la extracción fósil seguirá siendo, en el mejor de los casos, una pausa en la trayectoria de superación de los límites planetarios. La solidez de un entendimiento no se mide por su duración declarada, sino por su capacidad —o incapacidad— de abrir caminos hacia formas de organización social menos intensivas en materiales y energía.

La crisis del estrecho de Hormuz pone de manifiesto una realidad a menudo ignorada: las sociedades industriales dependen de flujos energéticos continuos y extremadamente complejos. El problema no es únicamente la cantidad de petróleo disponible, sino la capacidad de transportarlo, refinarlo y distribuirlo en el momento y lugar adecuados. Aunque el estrecho no está completamente cerrado, la persistencia de retrasos, congestión logística e incertidumbre amenaza con erosionar progresivamente la estabilidad del sistema. Si esta situación se prolonga, las consecuencias podrían trasladarse desde el ámbito marítimo al económico y social, mediante mayores costes energéticos, tensiones en determinados suministros y una creciente intervención pública para gestionar recursos cada vez más críticos.

Cuando la escasez no llega como un corte, sino como una deriva

La situación en el estrecho de Hormuz no puede entenderse únicamente como un episodio geopolítico puntual ni como una simple alteración del precio del petróleo. Su relevancia es más profunda: actúa como un revelador de la estructura real del sistema energético global, de su dependencia de flujos continuos y, sobre todo, de su fragilidad logística.

En las últimas semanas, el estrecho no ha estado completamente cerrado, pero tampoco ha funcionado con normalidad. El tránsito de buques ha oscilado, con periodos de bloqueo parcial, incertidumbre aseguradora, cambios de rutas y una acumulación progresiva de retrasos. En paralelo, se ha producido un fenómeno menos visible pero más determinante: la acumulación de petróleo y gas natural licuado en distintos puntos de la cadena global de suministro, fuera de sincronía con la capacidad de refinado, descarga y distribución.

Este tipo de disrupciones no se manifiestan de forma inmediata en la vida cotidiana. Su lógica es distinta: no se trata de una ausencia absoluta del recurso, sino de una descoordinación entre producción, transporte, transformación y consumo. Y en sistemas altamente optimizados como el energético global, esa descoordinación es suficiente para generar tensiones significativas.

El sistema energético como flujo continuo

El sistema energético contemporáneo no funciona como un almacén, sino como un flujo. Refinerías, terminales de gas natural licuado, redes de distribución y transporte marítimo operan bajo principios de “just-in-time”, con márgenes de inventario relativamente ajustados en comparación con la escala del consumo global.

Esta eficiencia, que durante décadas ha sido presentada como una virtud —reducción de costes, optimización logística, menor necesidad de almacenamiento— tiene una contrapartida estructural: la pérdida de resiliencia. Cuando el sistema funciona sin interrupciones, la eficiencia es máxima. Pero cuando se produce una disrupción en un nodo crítico, como puede ser Hormuz, la capacidad de absorción del shock es limitada.

En este contexto, el problema no es únicamente la cantidad total de petróleo disponible en el mundo, sino su localización, su transporte y su disponibilidad en el momento adecuado. La energía deja de ser un stock global homogéneo y se convierte en una red de sincronización extremadamente sensible.

Acumulación de retrasos y congestión logística

Uno de los efectos más relevantes de las disrupciones prolongadas es la formación de cuellos de botella. Buques que no pueden descargar en destino, tanques que se llenan en origen, rutas que se modifican para evitar zonas de riesgo, y aseguradoras que elevan primas o restringen coberturas.

Este conjunto de factores genera una congestión sistémica. Aunque el flujo no se detenga completamente, su eficiencia disminuye. Y en el caso del petróleo, pequeñas variaciones en la eficiencia logística pueden traducirse en grandes impactos en los mercados regionales de productos refinados.

En particular, el gasóleo (diésel) suele ser el primer indicador de tensión. Su importancia no es simbólica: es el combustible estructural del transporte de mercancías, la agricultura mecanizada, parte de la industria pesada y, en algunos contextos, de la generación eléctrica. Una alteración en su disponibilidad tiene efectos multiplicadores sobre la economía real.

El papel de las reservas y sus límites temporales

Ante disrupciones de este tipo, los sistemas económicos recurren a reservas estratégicas y stocks comerciales. Estas reservas cumplen una función amortiguadora, pero su capacidad es temporal.

En términos generales, las reservas estratégicas de los países desarrollados están diseñadas para cubrir semanas o, en el mejor de los casos, pocos meses de consumo en situaciones de emergencia. No están concebidas para sostener disrupciones prolongadas en cadenas globales de suministro energético.

A medida que la situación se prolonga, estas reservas se reducen. Y con ellas se reduce también la capacidad de maniobra de los gobiernos. En ese punto, las decisiones dejan de ser preventivas y pasan a ser gestionadas bajo presión: priorización de sectores, liberación de reservas adicionales, acuerdos bilaterales de suministro o intervenciones en el mercado.

Este tránsito desde la amortiguación técnica hacia la gestión política de la escasez es uno de los momentos críticos en cualquier crisis energética.

De la escasez abstracta a la escasez operativa

Es importante distinguir entre escasez física absoluta y escasez operativa.

El mundo puede seguir produciendo cantidades elevadas de petróleo y gas, pero si no pueden llegar a los puntos de consumo adecuados en el momento necesario, la economía experimenta escasez.

Esta distinción es clave para entender por qué las crisis energéticas contemporáneas rara vez se presentan como apagones totales o ausencia generalizada de recursos. Más bien se manifiestan como:

1. aumentos desiguales de precios,
2. retrasos en suministros,
3. restricciones sectoriales,
4. tensiones en mercados específicos,
5. .y medidas administrativas de priorización.

El sistema no colapsa de forma binaria; se degrada de forma diferencial.

El factor temporal

Uno de los elementos más subestimados en el análisis de estas crisis es el tiempo. Una disrupción breve puede ser absorbida sin grandes consecuencias. Pero cuando la situación se prolonga, los efectos no son lineales.

Cada semana adicional de congestión implica:

1. reducción progresiva de inventarios,
2. aumento de costes logísticos,
3. reordenación de rutas comerciales,
4. pérdida de confianza en el sistema de aseguramiento,
5. y acumulación de retrasos en cadena.

El sistema energético global no solo transporta energía; transporta también expectativas de continuidad. Cuando esa expectativa se erosiona, los agentes económicos empiezan a modificar su comportamiento: acumulan reservas, alteran contratos, buscan alternativas más caras pero más seguras. Este cambio conductual amplifica la presión sobre el sistema.

Posibles trayectorias de normalización

En escenarios de rápida estabilización del estrecho de Hormuz, el sistema podría absorber la mayor parte de la disrupción sin impactos estructurales prolongados. Los precios podrían mantenerse elevados durante un periodo corto, pero sin traducirse necesariamente en escasez física generalizada.

Sin embargo, si la situación se prolonga durante varias semanas o meses, el escenario cambia. En ese caso, la combinación de reservas decrecientes, congestión logística y desconfianza aseguradora puede generar tensiones visibles en determinados mercados regionales.

Estas tensiones no se distribuyen de forma homogénea. Los países con mayor capacidad financiera y acceso a mercados diversificados tienden a amortiguar mejor el impacto. En cambio, economías más dependientes o con menor capacidad de importación pueden experimentar antes los efectos de la restricción.

Del mercado global a la intervención política

Históricamente, las crisis energéticas no se resuelven únicamente en el plano del mercado. A medida que las tensiones aumentan, los gobiernos tienden a intervenir de forma progresiva:

1. liberación de reservas estratégicas,
2. acuerdos de suministro prioritario,
3. restricciones a ciertos consumos,
4. incentivos a la reducción de demanda,
5. o mecanismos de estabilización de precios.

Estas intervenciones no suelen presentarse como racionamiento explícito en primera instancia, sino como ajustes técnicos o medidas temporales. Sin embargo, su lógica subyacente es la gestión de una escasez relativa.

Este punto es relevante: la transición desde un mercado relativamente libre hacia una gestión parcial de la asignación de recursos energéticos suele ser gradual, no abrupta.

Implicaciones estructurales: la fragilidad de la eficiencia

Más allá del episodio concreto, lo que esta situación pone de relieve es un rasgo estructural del sistema energético global: su extrema dependencia de la continuidad.

La eficiencia logística ha permitido reducir costes y aumentar la disponibilidad de energía a escala global. Pero esa misma eficiencia ha reducido los márgenes de resiliencia. El sistema funciona bien cuando todo fluye, pero tiene poca capacidad para absorber interrupciones prolongadas en nodos críticos.

Desde una perspectiva de límites planetarios y transición ecosocial, esta característica plantea una cuestión de fondo: la resiliencia no es un subproducto automático de la eficiencia, sino a menudo su contraparte.

La escasez como proceso, no como evento

La principal lección que se desprende de situaciones como la del estrecho de Hormuz es que las crisis energéticas contemporáneas no deben entenderse como eventos discretos, sino como procesos de degradación progresiva del equilibrio entre oferta, logística y demanda.

La escasez no aparece necesariamente como ausencia total de recursos, sino como una pérdida de sincronía en sistemas altamente interdependientes. Y esa pérdida de sincronía se traduce, con el tiempo, en restricciones, aumentos de coste y decisiones políticas de priorización.

El elemento crítico no es únicamente la disponibilidad física de energía, sino el tiempo durante el cual el sistema puede sostener tensiones sin recurrir a mecanismos explícitos de gestión de la escasez.

Si la normalización de Hormuz se prolonga, el riesgo no es tanto un colapso inmediato como una transición progresiva hacia un entorno energético más tenso, más regulado y menos flexible. Un entorno en el que la energía sigue existiendo, pero su acceso deja de ser uniforme, estable y garantizado en los mismos términos que durante las últimas décadas.

Este tipo de dinámicas no son excepcionales en la historia de los sistemas complejos. Lo relevante es reconocer que, en un sistema globalizado y altamente optimizado, pequeñas alteraciones en puntos estratégicos pueden generar efectos desproporcionados. Y que esos efectos, cuando se acumulan en el tiempo, redefinen no solo los precios, sino también la forma en que las sociedades organizan su relación con la energía.

A 24 de junio, 117 dias desde el inicio de la guerra, la situación en el estrecho de Hormuz se sitúa en un punto de inestabilidad contenida: no existe un cierre total, pero tampoco una normalización efectiva del tránsito marítimo. El flujo de petroleros y metaneros continúa de forma irregular, con interrupciones, desvíos y una elevada incertidumbre logística y aseguradora. El sistema energético global sigue funcionando, pero lo hace bajo fricciones acumuladas y con una parte relevante de los flujos desincronizados, en forma de retrasos y desajustes en la cadena. Por ahora, esta tensión no se traduce en una escasez plenamente visible en los mercados finales, pero sí en una presión creciente sobre los mecanismos que sostienen la continuidad del suministro.

Si esta situación se prolonga, como parece plausible en el escenario actual, las consecuencias tenderían a desplazarse desde el plano logístico hacia el económico y social: reducción progresiva de inventarios, encarecimiento sostenido de los productos energéticos, episodios de tensión en el suministro de diésel y derivados críticos, y mayor intervención de los gobiernos mediante reservas estratégicas o medidas de priorización sectorial. Más que un colapso repentino, el riesgo principal es una degradación gradual de la estabilidad del sistema energético, con efectos desiguales según regiones y sectores, y una creciente sensación de incertidumbre en la economía real.

La crisis del estrecho de Ormuz suele interpretarse como un episodio geopolítico puntual: una guerra, un bloqueo, una escalada militar. Sin embargo, esa lectura apenas roza la superficie del problema. Que una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que consume el planeta dependa de un corredor marítimo de apenas treinta y tres kilómetros no es un fallo del sistema: es exactamente el sistema funcionando como fue diseñado. Un modelo económico basado en el crecimiento permanente necesita concentrar enormes flujos de energía allí donde resulta más rentable hacerlo, aunque eso implique convertir el planeta en una sucesión de cuellos de botella estratégicos. Diversificar proveedores, como hizo Europa tras abandonar el gas ruso, no corrige esa vulnerabilidad si el nuevo suministro reproduce la misma arquitectura de dependencia global.

Durante las últimas semanas, el estrecho de Ormuz ha vuelto a ocupar los titulares: petroleros atacados, un cierre declarado "hasta nuevo aviso" por Teherán, represalias sobre bases militares en varios países del Golfo y un barril de Brent que sube y baja como si tuviera fiebre. Es tentador interpretar todo ello como un episodio más de una guerra concreta, con sus fechas, sus bandos y su desenlace incierto. Pero conviene detenerse en un hecho que suele quedar sepultado bajo la urgencia informativa: alrededor del veinte por ciento del petróleo y del gas natural licuado que consume el mundo atraviesa ese estrecho. Ninguna decisión equivocada, ningún cálculo militar desafortunado explica por sí solo semejante concentración. Es el resultado lógico de cómo hemos organizado la economía mundial durante las últimas décadas.

La lógica que ha construido esta vulnerabilidad no es un accidente geográfico, sino una elección de diseño. Un sistema orientado al crecimiento continuo persigue, por definición, la máxima eficiencia: transportar el mayor volumen posible al menor coste posible y en el menor tiempo posible. Aplicada a escala planetaria, esa lógica concentra inevitablemente los flujos en unos pocos corredores estratégicos —Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca o Suez— porque mantener rutas alternativas, capacidades ociosas, almacenamiento o producción local reduce los beneficios.

La eficiencia no solo disminuye costes; también elimina toda capacidad considerada improductiva. Las reservas estratégicas, la redundancia, los márgenes de seguridad o la producción de proximidad desaparecen porque inmovilizan capital. El resultado es una economía extraordinariamente eficiente para generar beneficios y extraordinariamente frágil para garantizar el abastecimiento. Cuanto más optimizado está un sistema, menos capacidad tiene para absorber una perturbación sin transmitirla, amplificada, al resto de la red. Ormuz no es la excepción que pone a prueba un sistema sólido; es la demostración de cómo funciona.

El caso más evidente de esta arquitectura es el del gas natural licuado. Alrededor del noventa y tres por ciento de las exportaciones de Catar y el noventa y seis por ciento de las de Emiratos Árabes Unidos dependen exclusivamente de este paso marítimo. No existe un gasoducto alternativo ni una ruta secundaria capaz de sustituirlo. No hay, literalmente, un plan B.

Europa creyó haber aprendido la lección tras la invasión rusa de Ucrania. Renunció a los gasoductos rusos y los sustituyó por gas natural licuado transportado en barco desde otros proveedores. Se presentó como un éxito de la diversificación y de la seguridad energética. Pero Ormuz demuestra que Europa no redujo su dependencia; simplemente cambió de proveedor sin cuestionar un modelo basado en importar enormes cantidades de energía desde miles de kilómetros de distancia. Confundió diversificación comercial con soberanía energética.

En realidad, el problema no es Ormuz. Si mañana desapareciera este cuello de botella, el sistema seguiría necesitando otro. Una economía que exige mover cantidades crecientes de energía y materiales por todo el planeta siempre acabará concentrando esos flujos en unos pocos corredores estratégicos. Los nombres pueden cambiar; la vulnerabilidad permanece.

Los números de estas semanas ilustran bien el coste de esa fragilidad. El barril de Brent, que rondaba los setenta dólares a comienzos de julio en pleno optimismo por una tregua, llegó a superar los ciento veinte dólares durante los momentos más tensos del conflicto, para volver a repuntar con fuerza en cuanto la escalada militar se reanudó. El gas europeo ha oscilado entre los treinta y cinco y los sesenta euros por megavatio hora según los distintos escenarios. Más allá de las cifras concretas, lo relevante es la enorme volatilidad de un sistema cuya estabilidad depende de que nada falle.

Además, esa volatilidad nunca se reparte de manera simétrica. Los precios suben con rapidez y descienden lentamente, reproduciendo el conocido "efecto cohete y pluma". El consumidor siempre absorbe antes los aumentos que las bajadas. La fragilidad del sistema acaba convirtiéndose en un mecanismo permanente de transferencia de renta hacia quienes controlan los recursos y las infraestructuras.

Ese castigo tampoco se distribuye de forma equitativa entre países. El fuerte encarecimiento de los fertilizantes golpea especialmente a las economías más dependientes de las importaciones, mientras organismos internacionales ya advierten del riesgo de un deterioro de la seguridad alimentaria en diversas regiones del Sur Global. En cambio, algunos países exportadores capturan beneficios extraordinarios gracias al aumento del precio del petróleo. Las crisis energéticas nunca son neutras: redistribuyen riqueza y poder siguiendo las mismas desigualdades estructurales que las precedían.

Conviene evitar aquí una simplificación frecuente. No toda reducción de la actividad económica es equivalente. Existe una diferencia esencial entre la contracción impuesta por una guerra o un colapso del suministro y una relocalización planificada, gradual y democráticamente decidida. La primera empobrece de forma caótica y golpea sobre todo a quienes disponen de menos recursos. La segunda pretende reducir la dependencia antes de que llegue el siguiente shock, fortaleciendo la producción local, disminuyendo la exposición a los mercados internacionales y repartiendo de forma más justa los costes de la transición. Confundir ambas situaciones conduce a una crítica injusta del decrecimiento. El empobrecimiento ya está ocurriendo; la diferencia es que hoy lo impone un sistema frágil e imprevisible en lugar de una decisión colectiva orientada al bien común.

El caso español ofrece un ejemplo parcial de esta diferencia. La elevada penetración de las energías renovables ha amortiguado parte del impacto de la crisis sobre el precio de la electricidad durante las horas de mayor producción solar y eólica. Sin embargo, el problema reaparece cuando el sistema sigue necesitando centrales de gas para cubrir la demanda. Además, las propias tecnologías renovables dependen de cadenas globales de suministro, minerales críticos e infraestructuras complejas. Sustituir unas fuentes energéticas por otras no basta si el objetivo sigue siendo sostener un consumo creciente de energía y materiales. Sin una reducción deliberada de la demanda, existe el riesgo de reemplazar unas dependencias por otras.

Hay, además, un coste que raramente aparece en la factura energética. El libre comercio mundial suele presentarse como un fenómeno puramente económico, cuando en realidad descansa sobre una infraestructura militar permanente. Flotas navales, bases militares, alianzas estratégicas y presupuestos de defensa gigantescos existen, en buena medida, para garantizar que petróleo, gas y mercancías continúen circulando por los principales corredores marítimos. Las primas de los seguros para atravesar Ormuz se disparan cuando aumenta el riesgo, pero incluso en tiempos de paz seguimos pagando, de forma mucho menos visible, el coste de mantener abierto ese sistema mediante el poder militar. La globalización nunca ha sido únicamente un mercado; también ha sido una forma de organización militar del planeta.

Ormuz volverá a abrirse y los mercados recuperarán, durante un tiempo, la ilusión de normalidad. Pero la próxima crisis llegará en otro estrecho, otro puerto o otra cadena de suministro. No porque el mundo sea imprevisible, sino porque una economía que necesita crecer sin límite depende inevitablemente de infraestructuras cada vez más grandes, más concentradas y más vulnerables.

La verdadera alternativa no consiste en proteger mejor esos corredores ni en buscar nuevos proveedores. Consiste en dejar de necesitarlos. Eso implica consumir mucha menos energía y muchos menos materiales, relocalizar la producción esencial, fortalecer la autosuficiencia de los territorios y aceptar que la resiliencia exige renunciar a una parte de la eficiencia económica. Mientras el crecimiento siga siendo el objetivo irrenunciable, Ormuz no será una excepción: será un anticipo del futuro.